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Cartagena (Colombia), 11 abr (EFE).- Grupos de derechos humanos de Argentina, Bolivia, Colombia y México propusieron hoy nuevas políticas de drogas, que serán presentadas ante la VI Cumbre de las Américas y plantean, entre otros puntos, despenalizar la tenencia y el consumo personal de cannabis (marihuana). La propuesta está plasmada en una Carta Abierta a los Presidentes de América difundida en un foro social previo a la cumbre que los jefes de Estado y de Gobierno americanos celebrarán el fin de semana próximo en Cartagena de Indias, en la que recibirán las conclusiones de todos los eventos preparatorios.
Las actuales políticas antidrogas serán debatidas por los lideres americanos en la cumbre, pero según aclaró el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, lo harán a título de consulta informal, por lo que no se debe esperar que haya conclusiones ni acuerdos.
La nueva política de drogas para las Américas propuesta hoy en la Cumbre Social sugiere, además de despenalizar la tenencia y el consumo personal de cannabis, que el uso de cualquier tipo de droga sea tratado como un asunto de salud pública y no penal.
"Sólo una clara separación entre usuarios y el mercado ilegal permitirá que el esfuerzo de las agencias de seguridad se enfoque en quienes realmente debe" y ayudará también a "descongestionar las cárceles y los sistemas de justicia", sostiene la propuesta.
En relación a la asistencia a los usuarios, se exige que los sistemas de salud pública estén capacitados para dar una atención diferenciada a los usuarios de drogas, en especial "en contextos en que tal consumo se combina con pobreza extrema".
Asimismo, se planteó "reducir el despliegue represivo" en materia de drogas y "poner énfasis en la persecución del crimen organizado" pero a través del sistema bancario, a fin de acabar con el lavado de dinero y la corrupción y estrangular las redes de financiación del narcotráfico.
"Ese modelo de abordaje no requiere alto poder bélico sobre las poblaciones ni incrementa la violencia", sostiene el documento, que fue elaborado por organizaciones de derechos humanos de Argentina, Bolivia, Colombia y México y respaldado por una de las mesas de la llamada Cumbre Social.
En un punto referente a la situación en el campo, la propuesta afirma que "la pobreza, la exclusión y el abandono estatal" llevan a muchos agricultores a plegarse a la producción de drogas, por lo que instan a los Gobiernos a adoptar planes de sustitución de cultivos volcados a un desarrollo rural realmente integral.
Otro de los siete puntos del documento también reconoce "los usos tradicionales de las plantas ancestrales de la hoja de coca", para los cuales se exige "respeto" y "protección", y propone que expertos de la Américas investiguen su "potencial efecto terapéutico". EFE
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